Obligación PRL y CAE
No depende de tener empleados propios: si la comunidad contrata empresas para trabajar en el edificio, debe informarles por escrito de los riesgos y de las medidas de emergencia. Si además tiene personal propio, asume todas las obligaciones de un empresario.
Normativa
Cuatro referencias que explican la obligación y sus consecuencias. Enlazamos a los textos oficiales (BOE y CENDOJ) y a la web del Consejo General de Administradores de Fincas.
Coordinación de actividades empresariales: cuando en un mismo centro de trabajo concurren trabajadores de varias empresas, estas deben cooperar en la prevención de riesgos. El titular del centro de trabajo (en una comunidad, el edificio donde trabajan las contratas) debe informar de los riesgos y de las medidas de emergencia. Lo desarrolla el Real Decreto 171/2004.
Art. 24 LPRL en el BOE (se abre en otra pestaña)RD 171/2004 en el BOE (se abre en otra pestaña)
Si la comunidad externaliza un servicio propio, como la conserjería, responde solidariamente de los salarios que la contrata deba a sus trabajadores (art. 42 del Estatuto de los Trabajadores). Se refiere a la conserjería; la obligación de informar de los riesgos nace del art. 24 LPRL.
Texto en CENDOJ · ECLI:ES:TS:2022:2190 (se abre en otra pestaña)Ver el caso
Una limpiadora se clavó un tornillo oxidado de la puerta de la finca. La comunidad no había informado a la contrata de los riesgos del edificio: recargo solidario del 30 % (no firme cuando se dictó).
Texto en CENDOJ · Roj STSJ CAT 1116/2017 (se abre en otra pestaña)Ver el caso
El Consejo General de Administradores de Fincas recomienda que las comunidades que subcontratan actividades propias entreguen a las empresas la evaluación de riesgos de sus zonas comunes y vigilen que cumplen la prevención, los salarios y la Seguridad Social. Recuerda la responsabilidad solidaria: tres años por deudas de Seguridad Social y uno por las salariales.
Web del CGCAFE, emisor de la circular (se abre en otra pestaña)
Sanciones y recargos
No informar a las empresas contratadas de los riesgos del edificio y de las medidas de emergencia puede ser una infracción grave (art. 12.14 de la ley de infracciones, LISOS). Estas son las horquillas legales vigentes; la cuantía concreta depende de cada caso.
Leves
45 – 2.450 €
Graves
2.451 – 49.180 €
Art. 12.14: el titular del centro no garantiza que las empresas que trabajan en él reciban la información y las instrucciones sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia. Es la infracción típica de una comunidad como titular del centro.
Muy graves
49.181 – 983.736 €
Fuente: art. 40.2 LISOS (se abre en otra pestaña) y arts. 12 y 13 LISOS (se abre en otra pestaña) (RDLeg. 5/2000, texto consolidado del BOE). Cuantías vigentes desde el 1 de octubre de 2021.
Si un accidente se produce por falta de medidas de seguridad, las prestaciones que cobra el trabajador aumentan entre un 30 y un 50 %, según la gravedad de la falta. Lo paga directamente el empresario infractor, no se puede asegurar y es compatible con cualquier otra responsabilidad, incluida la penal.
En 2025, los trabajos en régimen de contrata o subcontrata supusieron el 3,6 % de los accidentes en jornada en Asturias (402), pero el 11,8 % de los graves y el 28,6 % de los mortales: 6 de 21. El dato incluye todas las contratas, no solo las de comunidades.
IAPRL, informe estadístico 2025, tabla 9 (se abre en otra pestaña)
Cómo lo acreditamos: informe a cada proveedor, declaración firmada y registro de cada visita con QR. Ver cómo funciona
Quién lo solicita
Estas son las situaciones en las que una comunidad necesita tener el informe de riesgos y la CAE al día.
Antes de iniciar obras en el edificio.
Limpieza, jardinería, conserjería, mantenimiento de ascensores, calderas, telecomunicaciones, electricidad, fontanería, etc.
Al contratar o renovar pólizas y en caso de siniestro.
En reclamaciones o juicios por accidentes en zonas comunes.
Cuando verifican el cumplimiento en materia de prevención y coordinación de actividades empresariales (CAE).
A quién protege
La prevención en comunidades va más allá de quienes prestan servicios (limpieza, mantenimiento, jardinería, ascensoristas…). El informe de riesgos del edificio protege también a:
Si ocurre un accidente en zonas comunes —una caída en las escaleras, un resbalón en el garaje, una barandilla defectuosa—, la responsabilidad puede recaer en la comunidad, incluso si no hay trabajadores implicados.
Si hay un accidente sin informe
Dependiendo de la gravedad del accidente, la responsabilidad puede ser civil (indemnizaciones económicas) o incluso penal si se demuestra negligencia grave.
El seguro no siempre lo cubre todo. En la condena de Madrid de 2026 (no firme), la aseguradora solo paga 61.723,94 € de los 111.924,54 €, el sublímite de la póliza para accidentes de trabajo; el resto corresponde a la comunidad. Y el recargo de prestaciones del 30 al 50 % no se puede asegurar (art. 164 LGSS).
No solo hay riesgo con los trabajadores. Un juzgado de Palma condenó a una comunidad y a su aseguradora a pagar 1.095.521,40 € a un residente que cayó por la escalera de su edificio, donde se había retirado parte de la barandilla; la póliza solo cubre 600.000 € (JPI nº 9 de Palma, sentencia 7/2025 (se abre en otra pestaña); firmeza no verificada). Y la Audiencia de Valladolid confirmó 12.155,20 € para un cartero que tropezó con un escalón sin señalizar en el portal (SAP Valladolid 434/2023, de 21/04/2023 (se abre en otra pestaña)).
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